La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial falló a favor de un recurso impulsado por ATE y ordenó la reincorporación inmediata de diecinueve empleados despedidos del Concejo Deliberante de Comandante Fontana.

El conflicto gremial se desató cuando las autoridades del cuerpo legislativo municipal dispusieron la baja de veinte trabajadores mediante una resolución. Según detalló el secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti, los damnificados pertenecían a la planta permanente y acumulaban más de dos años de antigüedad en sus puestos. Del total inicial, una empleada debió trasladarse al sur del país en busca de nuevos horizontes laborales, por lo que la medida judicial actual abarca formalmente a diecinueve personas.

Durante una entrevista concedida a FM Espacios 92.5, el dirigente sindical calificó la medida como un atropello institucional. “Hubo un despido arbitrario e ilegal por donde se lo mire, porque eran trabajadores o son trabajadores de planta permanente y todos por más de dos años de antigüedad”, sostuvo al cuestionar el accionar de la conducción legislativa local que dejó a las familias sin sustento.

El camino judicial no estuvo exento de obstáculos para los representantes de los trabajadores. El sindicato había presentado inicialmente un recurso de amparo ante el juzgado de primera instancia de la localidad de El Colorado, el cual fue rechazado en primera instancia. Sin embargo, la persistencia legal permitió elevar el expediente a la Cámara, que finalmente dio la razón a los hacedores del reclamo al comprobar que las autoridades no cumplieron con el procedimiento administrativo legalmente exigido para concretar cesantías.

Advertencia gremial por los plazos legales

Al referirse a las disputas de poder y la asunción de nuevas autoridades, Carlos Villasanti lanzó una fuerte crítica sobre la estabilidad laboral en el sector público. “Los funcionarios son otra cosa. Eso sí, están de paso, tienen un período, ya sea de presidente del Concejo o de intendente. Tenés que poner vos tu funcionario. Pero no los trabajadores”, enfatizó con dureza.

De acuerdo con los plazos procesales vigentes, el Concejo Deliberante dispone de un plazo perentorio de diez días hábiles para cumplir con la restitución de los puestos de trabajo. Desde el gremio estatal ya dejaron en claro que vigilarán cada movimiento administrativo y que no dudarán en acudir nuevamente a los tribunales si detectan maniobras dilatorias.

“Si no cumple, nosotros vamos a ir nuevamente a la Justicia e informar la desobediencia judicial”, advirtió el dirigente, quien anticipó que si persiste la rebeldía institucional avanzarán con presentaciones penales directas contra el funcionario responsable de acatar el mandato judicial en Comandante Fontana.