La Defensoría del Pueblo de la provincia presentó un reclamo formal ante el Ministerio del Interior de la Nación tras confirmarse el cierre de dos registros del automotor y de la oficina de motovehículos.
El cierre de oficinas registrales en el territorio formoseño generó una profunda preocupación por el impacto directo que tendrá tanto para los usuarios cotidianos como para los trabajadores del sector. En diálogo con el programa La Otra Mirada de FM Espacios 92.5, el secretario letrado y asesor legal del organismo, doctor José García, advirtió que la medida nacional alcanzó a dependencias de catorce provincias argentinas.
En el plano local, dejaron de funcionar los registros N° 1 y N° 2, además de la oficina exclusiva de motovehículos. De este modo, el Registro N° 3 quedó como la única dependencia habilitada para concentrar todas las gestiones de la jurisdicción, operando desde la calle Fontana. El funcionario remarcó que esta reorganización no contempló la realidad provincial, donde se estima que existen en promedio dos motocicletas por cada hogar.
Demoras, trámites digitales y pérdida de empleo
García cuestionó con dureza la falta de información oficial y de un período de transición adecuado para los ciudadanos. Explicó que las nuevas exigencias obligan a completar formularios de manera online y solicitar turnos previos, lo cual podría incrementar la dependencia de gestores e intermediarios y complicar a quienes no manejan herramientas digitales.
Asimismo, el asesor legal advirtió sobre la destrucción de fuentes laborales en todo el país, calculando que el plan nacional pondría en riesgo unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Ante este escenario, la Defensoría exige que las autoridades nacionales den marcha atrás con la medida, priorizando la reapertura urgente del registro de motovehículos para descomprimir la atención y garantizar el normal funcionamiento operativo.
