Un grupo de 457 damnificados por la contaminación con plomo en Abra Pampa denuncia una paralización judicial de más de dos décadas en su demanda contra la exfundición Metal Huasi.
La abogada y representante del sector, Lorena Mendoza, expuso la situación en declaraciones radiales al detallar que el expediente se inició formalmente en el año 2005 en reclamo de un resarcimiento económico indispensable para los afectados.
Según explicó la letrada, la causa se encuentra actualmente trabada en la Suprema Corte de Justicia a la entera disposición de la firma del titular del máximo tribunal provincial, Federico Otaola, luego de que los otros magistrados intervinientes ya emitieran sus votos favorables.
La situación procesal acumuló demoras críticas desde el año 2019, momento en el cual el expediente se quedó sin instancias pendientes de resolución. Los damnificados advirtieron de manera constante sobre el gravísimo y continuo deterioro en la salud de los pobladores locales, además del lamentable fallecimiento de varios de los demandantes originales durante el transcurso de este prolongado proceso judicial.
Una reunión con plazos que genera indignación
Tras una reciente presentación formal para exigir respuestas institucionales, los representantes del colectivo mantuvieron una entrevista directa con el propio Federico Otaola en el edificio de tribunales. En dicho encuentro, el magistrado solicitó un plazo adicional de veinte días corridos para analizar el voluminoso expediente y finalmente dictar sentencia.
Desde el colectivo de afectados confirmaron que se mantendrán firmes con las acciones de visibilización pública a la espera de un fallo definitivo, expresando a la vez su profunda sorpresa e indignación por los tiempos dilatados que acumula la causa en la justicia provincial.
