Más de 60 comunidades originarias nucleadas en el espacio Defendiendo el Territorio endurecieron su postura y resolvieron exigir autorización previa para el ingreso de cualquier funcionario, organismo estatal, fuerza de seguridad o empresa extractivista a sus tierras ancestrales.
La medida fue adoptada tras una asamblea general y formalizada mediante la presentación de un pronunciamiento ante la gobernación. El malestar se profundizó ante los constantes incumplimientos de la gestión encabezada por el gobernador Carlos Sadir y la falta de respuestas a demandas históricas largamente postergadas en toda la región.
La abogada de las comunidades, Silvana Llanes, detalló que el conflicto escaló debido a la paralización en la entrega de personerías jurídicas pendientes y a la ausencia de avances concretos en las carpetas técnicas y los relevamientos territoriales que corresponden por ley. En declaraciones radiales, la letrada cuestionó duramente a la administración provincial y señaló que la Secretaría de Pueblos Indígenas no ha cumplido con su rol de acompañamiento a las poblaciones locales.
Restricciones parlamentarias y reclamo de fondos
El descontento indígena también escaló luego de que la diputada oficialista Angélica Castillo, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, implementara nuevas restricciones para que los referentes comunitarios puedan acceder a las reuniones parlamentarias. Desde el espacio consideraron esta disposición como una flagrante falta de respeto y una violación a los reglamentos internos de la cámara de diputados.
Asimismo, la abogada denunció que el Gobierno provincial evitó responder los pedidos de informe sobre el destino de los millonarios fondos nacionales enviados desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para financiar los relevamientos y la titulación comunitaria. Ante este escenario de desatención institucional, las comunidades decidieron aplicar rigurosamente el Convenio 169 de la OIT, exigiendo una nota formal a cualquier interesado en ingresar a sus territorios para que la asamblea evalúe la pertinencia del pedido.
Finalmente, advirtieron que iniciarán acciones legales en el plano penal, civil e internacional contra los funcionarios responsables por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, mientras que la próxima semana el pronunciamiento será entregado formalmente en la Legislatura provincial.
