El Gobierno nacional presentó ante los ministros de Economía provinciales un esquema para suprimir el Impuesto de Sellos en todo el país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo explícito del ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la Casa Rosada compensará con fondos federales el cincuenta por ciento de los recursos que cada jurisdicción deje de percibir por este tributo, mientras que los distritos deberán absorber con cuentas propias el cincuenta por ciento restante.

El planteo oficial fue formalizado durante una reunión clave de la Comisión Federal de Impuestos llevada a cabo en la provincia de San Juan. En dicho encuentro, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, detallaron los alcances técnicos del proyecto ante los titulares de las carteras económicas de todo el territorio argentino.

Sin embargo, las autoridades nacionales aclararon que el acceso a esta compensación parcial no será automático ni universal. La medida está condicionada a dos requisitos previos fundamentales: la propuesta apunta de manera exclusiva a aquellas jurisdicciones que ya hayan adherido formalmente tanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

El impacto fiscal y la postura oficial

A través de sus redes sociales, el ministro Luis Caputo celebró el avance de la discusión para desarticular un impuesto que grava tradicionalmente contratos, operaciones financieras y actos jurídicos, en estricta sintonía con el programa oficial de reducción de la carga tributaria en la Argentina.

Terminar con otro impuesto nefasto como es el impuesto a los sellos formó parte central de la exposición oficial. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la iniciativa busca descomprimir el peso fiscal sobre la actividad económica, mientras que la propuesta global queda ahora bajo un riguroso análisis de los gobiernos provinciales en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, donde cada distrito evaluará minuciosamente el impacto financiero de resignar la mitad de dichos ingresos propios.