Comerciantes y vecinos de La Quiaca se movilizaron en rechazo a las restricciones al comercio fronterizo impuestas por el organismo nacional, exigiendo su derogación definitiva pese a la tregua temporal.
Una masiva movilización sacudió las calles este jueves en el norte provincial, donde comerciantes y vecinos expresaron su absoluto repudio a las normativas aplicadas por la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el organismo dispuso una prórroga de 120 días, el sector sostiene firmemente el reclamo para lograr la derogación total de la Resolución General 5910/2026, que limita severamente el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación y la salida de mercaderías hacia países limítrofes.
En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cadena, fue categórico al señalar los motivos de la protesta: "La resolución se suspendió por 120 días, pero eso no significa que se haya derogado. Nosotros queremos la derogación para conservar la fuente de trabajo". El dirigente remarcó además que la normativa vigente resulta completamente obsoleta frente al crecimiento demográfico y comercial de las últimas siete décadas, cuestionando la pesada carga fiscal que soportan en contraste con la crisis económica nacional.
Acciones judiciales y pedido de audiencia al Ejecutivo
Ante este complejo escenario que pone en jaque la economía regional, el intendente quiaqueño Dante Velázquez promovió formalmente una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando una medida cautelar urgente. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Jujuy N.º 1 bajo el expediente FSA 19533/2026, buscando frenar los efectos de la normativa sobre los trabajadores informales, estibadores, pasadores y comerciantes que dependen del día a día.
En paralelo, los referentes del sector comercial confirmaron que mantendrán un encuentro estratégico con el gobernador Carlos Sadir. El objetivo principal será analizar el impacto negativo que la caída de la actividad comercial generará inevitablemente en la recaudación provincial de Ingresos Brutos, advirtiendo que las restricciones legales terminan fomentando el contrabando y la informalidad en la línea de frontera.
