El Gobierno de Javier Milei oficializó la modificación de las condiciones para que las empresas sean consideradas proveedoras locales dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), eliminando la obligatoriedad de contar con mayoría de capital nacional.
A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo suprimió el requisito que exigía que al menos el 51% del capital social de una proveedora perteneciera a personas o firmas con domicilio fiscal en Argentina. A partir de esta medida, bastará con que las sociedades estén constituidas y domiciliadas en el territorio nacional, sin importar el origen de sus accionistas ni la composición de su capital.
Esta decisión representa un giro significativo en la política de suministros para los grandes proyectos de inversión. Al permitir que las filiales de multinacionales extranjeras sean computadas como proveedores locales, el universo de compañías habilitadas se amplía considerablemente. La normativa anterior funcionaba como un mecanismo de preferencia para las empresas de capital netamente argentino, limitando la competencia directa con grandes grupos internacionales radicados en el país.
Impacto en las pymes y la competencia industrial
El nuevo texto del artículo 3, inciso f, del Anexo I del Decreto 749/2024, establece que serán proveedores locales tanto las personas humanas con domicilio fiscal en el país como las personas jurídicas constituidas localmente que operen con los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Esto implica que una sociedad controlada íntegramente por una multinacional podrá competir en igualdad de condiciones normativas con una pyme argentina, siempre que mantenga su domicilio legal en el país.
El Gobierno justificó esta medida bajo la premisa de adecuar la reglamentación y fomentar una mayor concurrencia de proveedores en sectores estratégicos como la minería, energía, hidrocarburos e infraestructura. Según los considerandos del decreto, se busca favorecer la integración de las empresas radicadas en el territorio nacional, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas.
No obstante, la medida genera incertidumbre en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Si bien las pymes nacionales mantienen su derecho a participar, ahora deberán enfrentar la competencia de filiales extranjeras que podrán computar sus ventas como compras locales. La normativa aclara que no basta con una oficina comercial; es estrictamente necesario que la firma sea una persona jurídica constituida en Argentina para acceder a los beneficios del régimen.