Un hombre recibió una condena de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de múltiples delitos de violencia de género, abuso sexual y amenazas cometidos en la ciudad de Palpalá.

La sentencia fue dictada el miércoles 21 de octubre de 2026, luego de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación y el condenado, con la debida intervención de su defensa técnica. La resolución judicial estuvo a cargo del juez penal Roberto Darío Assef, quien homologó el acuerdo y estableció la pena privativa de la libertad.

De acuerdo con la investigación fiscal, los aberrantes episodios se registraron el domingo 3 de noviembre de 2024 en el interior de un inmueble situado en la mencionada ciudad siderúrgica. Durante aquella jornada, el agresor sometió a la víctima a brutales hechos de violencia física y consumó un ataque de índole sexual. No conforme con ello, antes de darse a la fuga, el sujeto amenazó de muerte al hijo menor de la mujer.

Condena acumulada y declaración de reincidencia

El magistrado declaró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacciones agravadas por el uso de armas, daño, abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples. Por todo este grave prontuario, se fijó la pena de 7 años y 8 meses en un establecimiento penitenciario.

Asimismo, el juez dispuso la inhabilitación absoluta del condenado durante el tiempo que dure su condenação y lo declaró formalmente reincidente. También se ordenó que, una vez que la resolución quede firme, se proceda a la extracción de su perfil genético para ser incorporado de inmediato al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

En el proceso judicial intervino el fiscal Alejandro Maldonado, al tiempo que la víctima contó con el riguroso patrocinio letrado de Gabriela Cardozo Jaramillo, representante del Consejo Provincial de la Mujer. En tanto, la defensa legal estuvo a cargo de María Eugenia Río, perteneciente al Ministerio Público de la Defensa.