La madre de Lautaro Flores aseguró que recibió fotos y videos que mostrarían a la acusada fuera de su domicilio y exigió que sea trasladada de inmediato a una unidad penitenciaria.

La causa por el homicidio avanza hacia el juicio oral, pero una nueva denuncia presentada por Jorgelina Soto puso nuevamente en discusión las condiciones de detención de la imputada. La mujer aseguró que la acusada habría incumplido el arresto domiciliario al asistir a un partido de Gimnasia de Jujuy y reclamó que se le quite el beneficio. Las declaraciones se conocieron tras la audiencia de control de la acusación, en la que la Justicia admitió las pruebas presentadas y resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva bajo la misma modalidad.

Jorgelina Soto explicó que recibió material que confirmaría que la acusada salió de su vivienda pese a tener una medida judicial que se lo prohíbe. Me estuvieron llegando fotos y también un video. Ayer nos dirigimos a la Fiscalía para hacer una ampliación de denuncia porque se rompió la domiciliaria, expresó. Según relató, presentó los archivos ante la Fiscalía, aunque reconoció que en el video no se distingue con claridad a la persona señalada, mientras que una de las fotografías habría sido eliminada segundos después de ser publicada en redes sociales.

Investigan los presuntos privilegios

La madre de la víctima también aseguró que recibió información sobre otro episodio en el que la imputada habría circulado en una motocicleta junto a otra joven. Por este motivo, cuestionó la continuidad de la medida y exigió explicaciones a las autoridades judiciales. Quiero que el doctor Spinasi me dé una respuesta, que investiguen por qué tantos privilegios, manifestó, a la vez que solicitó la colaboración de los asistentes al estadio para conseguir imágenes que confirmen la presencia de la acusada.

La audiencia estuvo presidida por el juez Gastón Mercau, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Aldo Lozano. A pesar del planteo de la querella, se prorrogó la preventiva domiciliaria por 60 días mientras la Fiscalía analiza cámaras de seguridad y solicita informes al Patronato de Liberados para determinar si existió una violación a las reglas de conducta.