La agenda legislativa de la provincia se tensa con tres ejes críticos: el financiamiento de la travesía urbana de la Ruta 9, la lucha por la autonomía financiera de los municipios y el impacto del modelo minero bajo el nuevo marco del RIGI.
La provincia de Jujuy atraviesa un momento de definiciones estructurales que han trasladado el debate desde las calles hacia el centro del escenario político. En un contexto de reconfiguración económica nacional, la Legislatura de Jujuy se ha convertido en el epicentro de una disputa por el control de los recursos, donde la gestión del gobernador Carlos Sadir enfrenta demandas crecientes de autonomía por parte de los intendentes y una mirada atenta sobre el modelo de desarrollo minero.
El debate no es solo administrativo, sino profundamente financiero. Con la mirada puesta en la conectividad de San Salvador de Jujuy y Alto Comedero, la discusión por la travesía urbana de la Ruta Nacional 9 ha puesto sobre la mesa una cifra que genera dudas y expectativas: un financiamiento proyectado de 85 millones de dólares. Mientras la necesidad de la obra es unánime, las condiciones del endeudamiento y el impacto en las cuentas provinciales dividen a los bloques legislativos.
La deuda por la Ruta 9 y el dilema del financiamiento vial
La travesía urbana de la Ruta 9 se perfila como la gran obra de infraestructura para el Gran Jujuy, pero su viabilidad financiera ha desatado un intenso intercambio entre los representantes políticos. El diputado Santiago Jubert (UCR) advirtió que la autorización de crédito es un paso ineludible para avanzar antes de que finalice el año 2026, mientras que desde La Libertad Avanza, Federico Canedi planteó la necesidad de auditar la estructura de costos para no comprometer recursos provinciales de forma desmedida.
Por su parte, el sector del Frente de Izquierda, representado por Gastón Remy, ha cuestionado la dependencia del endeudamiento en dólares y ha instado a buscar alternativas que no recaigan sobre el erario público sin un control social estricto. En esta línea, Rubén Rivarola (PJ) propuso que la ejecución de estas obras debería tener un fuerte componente de dinamización local, permitiendo que las Pymes de cada localidad participen activamente para reactivar el empleo en zonas como los Valles y Yala.
Autonomía municipal y el desafío del litio bajo el RIGI
En paralelo a la infraestructura, la batalla por la "independencia financiera" ha tomado fuerza. Mientras en la capital jujeña se reporta una preocupante caída del 20% en la recaudación, otros sectores como Monterrico aseguran haber experimentado un aumento del 35% en su coparticipación, aunque con críticas sobre el destino final de esos fondos. El conflicto central radica en el proyecto de ley de coparticipación: los intendentes exigen un esquema que garantice la autonomía y evite el centralismo de la Casa de Gobierno.
El panorama se completa con el "despertar" de la minería de litio bajo el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Mientras el país busca captar capitales globales, la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy mantiene una postura firme: la defensa del "compre local" y la soberanía sobre los recursos. Este escenario de tensiones entre lo nacional y lo provincial fue subrayado recientemente por debates políticos que alertan sobre la necesidad de que la riqueza extractiva se traduzca en desarrollo real para las comunidades locales y no solo en beneficios para las grandes inversiones.
