Una nueva edición de la Marcha de los Padres del Dolor reunió en el centro de San Salvador de Jujuy a familiares de víctimas que reclaman respuestas urgentes y avances concretos en las causas judiciales que investigan tragedias viales y presunta mala praxis.

Entre los participantes de la movilización estuvo Rodrigo Villarroel, hijo de Eduardo Villarroel, el peregrino que fue atropellado el pasado 25 de octubre en la Ruta Nacional 66 a la altura del barrio Papa Francisco mientras caminaba hacia el Santuario de Río Blanco. Durante la protesta, el joven insistió en la necesidad de dar con testigos presenciales que puedan aportar datos sobre el siniestro vial y cuestionó la demora en la asistencia médica inicial, afirmando que su padre permaneció cuatro horas tendido en el suelo antes de ser trasladado al hospital.

Rodrigo Villarroel hizo un llamamiento desesperado a la comunidad para ubicar a un bombero que habría brindado los primeros auxilios fundamentales para salvarle la vida a su padre en los minutos posteriores al impacto. "Si no estaba este hombre, mi papá se moría", expresó con angustia, al tiempo que remarcó que a pesar de que había una gran cantidad de personas transitando por el lugar durante la peregrinación, nadie se ha acercado formalmente a declarar ante la Justicia para esclarecer los hechos.

Contradicciones en la causa por la muerte de Yamila Chávez

En el marco de la misma movilización, Camila Chávez y Mariela Suárez, hermana y tía de Yamila Chávez, reclamaron celeridad y transparencia en la investigación por el fallecimiento de la joven ocurrido el 31 de mayo de 2026 en la Maternidad Josefina Scaro del Hospital Carlos Snopek, ubicado en el sector de Alto Comedero. La causa, que investiga un cuadro de dolor abdominal por el cual la paciente perdió la vida, mantiene actualmente a dos médicos imputados por el delito de homicidio culposo.

Las familiares informaron que la junta médica clave para analizar la atención recibida por la joven fue postergada para el próximo 11 de noviembre, una situación que generó desconcierto y dudas debido a la dilación de los plazos procesales. Asimismo, señalaron que tras una reciente reunión entre los peritos intervinientes, se detectaron múltiples contradicciones técnicas entre la historia clínica confeccionada y los registros audiovisuales incorporados formalmente a la investigación judicial.

Mientras aguardan la realización de la junta médica definitiva fijada para mediados de noviembre, los familiares de ambas víctimas reafirmaron que continuarán participando de todas las convocatorias públicas necesarias para visibilizar sus reclamos y exigir que las muertes de sus seres queridos no queden en la impunidad.