El Gobierno nacional oficializó la incorporación de cuatro nuevos corredores viales al sistema de explotación privada, lo que derivará en la instalación de estaciones de cobro y un fuerte impacto en la economía regional.

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan para llenar de peajes las rutas nacionales que atraviesan La Pampa. A la ya conocida concesión de la Ruta 5, donde está prevista una estación entre Catriló y Lonquimay, ahora se suma la decisión oficializada mediante el Decreto 1358/2026 —firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo— de incorporar otros cuatro corredores al sistema de explotación privada: las rutas 22, 35, 151 y 152.

La medida amenaza con generar nuevos y pesados costos para la producción, el comercio y los miles de pampeanos que utilizan diariamente esos caminos para trabajar, estudiar, atenderse por cuestiones de salud o visitar a sus seres queridos. Las rutas incluidas tienen una importancia estratégica fundamental, siendo ejes de comunicación imprescindibles y vías para el transporte de mercaderías, combustibles y pasajeros, muchas de ellas marcadas por un profundo deterioro debido a la falta histórica de mantenimiento nacional.

El contraste con el proyecto provincial y el impacto al bolsillo

Este esquema nacional marca una diferencia sustancial respecto al proyecto presentado por la administración de Sergio Ziliotto en la Legislatura provincial. La iniciativa local establece expresamente que los vehículos radicados en La Pampa estarán exceptuados del pago porque ya contribuyen mediante impuestos provinciales, manteniendo además la administración en manos del Estado. En contraste, el modelo de la Casa Rosada contempla concesiones privadas y no prevé exenciones generales para los residentes.

El decreto gubernamental fija un plazo máximo de doce meses para convocar a las licitaciones correspondientes, en las que deberán definirse los tramos exactos, la ubicación de las cabinas y las tarifas definitivas. De este modo, los costos logísticos para el transporte de cereales, hacienda y productos industriales sufrirán un incremento inevitable que podría trasladarse a los precios finales, afectando a consumidores y automovilistas particulares por igual.