La Justicia de la Cuarta Circunscripción Judicial formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria y rechazó el pedido de prescripción en una grave causa por abuso sexual agravado.

El expediente judicial se puso en marcha el 18 de marzo de 2024 luego de que la madre de la víctima radicara una denuncia formal en la Comisaría de Victorica. La mujer advirtió a su hija, de actualmente 33 años, inmersa en una profunda crisis de llanto, momento en el cual le reveló haber sido víctima de un ataque sexual cuando tenía 18 años.

De acuerdo con la investigación, el aberrante suceso ocurrió en un baño contiguo a un taller ubicado en la parte posterior del terreno donde reside la familia del acusado. Tras la denuncia inicial, el Ministerio Público Fiscal había dispuesto el archivo de las actuaciones en abril de 2024, pero la incorporación de nuevos testimonios permitió la reapertura del legajo en julio de ese mismo año.

El eje central del debate judicial giró en torno al tiempo transcurrido, ya que pasaron 15 años entre el hecho y la denuncia. Ante esto, la defensa técnica del acusado solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción penal. Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo basándose en el estado de vulnerabilidad y la condición de retraso madurativo leve que padece la denunciante, lo que le impidió acudir a la Justicia con anterioridad.

Pericias claves y medidas restrictivas

Durante las pericias psicológicas realizadas en septiembre, la víctima relató cómo el agresor la llevó por la fuerza al sector del baño para consumar el ataque. El perito interviniente remarcó que las pequeñas dificultades temporales de la joven responden estrictamente a su condición y destacó que no se evidencian contradicciones en el núcleo central del relato.

En la reciente audiencia de formalización, el juez interviniente imputó formalmente al acusado como autor de abuso sexual agravado por acceso carnal, en contexto de violencia de género. Asimismo, si bien inicialmente se barajó la prisión preventiva, se dictó una prohibición absoluta de acercamiento y contacto por 45 días.

Finalmente, la Justicia ordenó la realización de un examen mental obligatorio para el imputado y aceptó formalmente a la víctima como querellante particular, bajo el patrocinio legal de un abogado particular y la asistencia permanente de su progenitora.