La Justicia laboral de La Rioja resolvió hacer lugar a una acción de amparo sindical, declarando la nulidad absoluta de la asamblea de AMP y suspendiendo todo el proceso electoral.

El fallo, emitido el pasado 18 de noviembre por el Juzgado del Trabajo y Conciliación N° 6 bajo la firma del juez Ariel O. Marcos, invalida la 278ª Asamblea Provincial Extraordinaria de Delegadas y Delegados Escolares, la cual se había llevado a cabo de forma virtual el 18 de septiembre de 2026. Según determinó el magistrado, dicho encuentro y la conformación de la Junta Electoral se concretaron en abierta violación a una medida cautelar de suspensión dictada previamente por la justicia.

Asimismo, la resolución judicial deja sin efecto todo el cronograma derivado de ese proceso y ordena suspender de manera integral la asamblea que estaba fijada para el próximo 24 de noviembre de 2026, bajo apercibimiento de ley. En el mismo dictamen, el juez intimó a la conducción gremial para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles, cumpla con la inmediata reincorporación de los delegados desplazados y concrete una serie de medidas de regularización institucional.

Fuerte cruce y denuncias de la oposición

Tras conocerse la cédula de notificación, los referentes de la Lista Naranja, integrada por Ariel Correa, Fabiana Ávila, Mercedes Díaz y José María Bustamante, salieron al cruce de la conducción histórica encabezada por Rogelio De Leonardi. Calificaron la medida como un fallo inédito que logró frenar un proceso viciado de nulidad y respaldado por una innumerable cantidad de pruebas irrefutables presentadas ante los tribunales.

Desde el sector opositor también denunciaron maniobras dilatorias por parte de la actual plana mayor del sindicato, asegurando que intentaron eludir la justicia mediante recusaciones que fueron sistemáticamente rechazadas. Por último, advirtieron sobre graves irregularidades en la confección de los padrones y el manejo de las urnas, exigiendo transparencia institucional y el estricto cumplimiento de la ley para garantizar la representación democrática de los trabajadores de la educación en toda la provincia.