La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima inició una demanda judicial ante la Corte Suprema contra la Provincia de La Rioja para frenar el congelamiento de tarifas dispuesto por el Ejecutivo local.

La acción legal impulsada por CAMMESA busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto de la Función Ejecutiva Provincial de 2024 y de la Resolución Ministerial número 133 de ese mismo año. Mediante estas normativas, el gobierno riojano resolvió congelar las tarifas eléctricas y absorbió el costo de los incrementos dispuestos a nivel nacional para evitar un impacto directo en el bolsillo de los usuarios residenciales y comerciales.

El Asesor General del Gobierno provincial, Pedro Goyochea, confirmó que la notificación formal sobre la demanda ingresó la semana pasada. En su presentación ante el máximo tribunal, la distribuidora mayorista sostiene que el costo del suministro eléctrico debe ser abonado exclusivamente por los consumidores finales y cuestiona las facultades del mandatario provincial para modificar el traslado del cuadro tarifario federal.

En paralelo al expediente principal, la empresa solicitó el dictado de una medida cautelar para suspender de forma inmediata el congelamiento tarifario y forzar el traslado automático de los aumentos a las facturas de los riojanos mientras continúa el litigio judicial.

La respuesta de la Provincia y las sospechas de un trasfondo político

Goyochea aclaró que la medida cautelar todavía no fue resuelta por la Corte Suprema, ya que primero se le otorgó traslado a la Provincia para que formule su defensa. Recién cuando finalice esa etapa procesal, el máximo tribunal se abocará a definir si acepta o rechaza la suspensión requerida por la compañía.

Desde la Asesoría General cuestionaron la vía técnica elegida por la distribuidora y calificaron como curiosa la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad de manera directa ante el máximo tribunal, sin que exista de por medio un reclamo judicial previo por deudas acumuladas o fondos específicos.

El funcionario provincial remarcó que el decreto firmado por el Ejecutivo no desconoce las obligaciones económicas vigentes. «El decreto suspende la aplicación del cuadro tarifario a los usuarios, pero no desconoce el derecho a percibir la diferencia. La deuda la asume el Estado provincial», enfatizó.

Finalmente, el representante legal del gobierno enmarcó la jugada judicial dentro de una estrategia articulada desde la administración central. «Surge claramente una mirada que forma parte de una decisión política a nivel nacional. Creemos que estamos ante una acción de disciplinamiento», sentenció Goyochea al evaluar el conflicto.