La fiscal de instrucción Nadia Schargrodsky solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa por el crimen de Ana Cecilia Martorelli tras desarticular las coartadas de los imputados.
El requerimiento presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal da por acreditada la responsabilidad penal de Agustín Hugo Glellel como autor material del delito de homicidio agravado por razones de género. A su vez, la funcionaria judicial imputó a su sobrino, Matías Mauricio Márquez Glellel, en calidad de partícipe necesario del mismo hecho.
De acuerdo con la reconstrucción oficial realizada en el expediente, el suceso se desencadenó durante la tarde del 16 de enero de 2024. En ese momento, la víctima fue guiada mediante un engaño hacia una emboscada fatal cuando el sobrino del principal sospechoso la contactó simulando ser un cliente interesado en contratar un servicio de flete para trasladar un generador eléctrico hacia una finca rural ubicada sobre la Ruta Provincial N° 25.
La trama del ataque y el móvil
Una vez que la mujer arribó al sitio desolado, fue interceptada y atacada con un objeto contundente que le provocó un traumatismo de cráneo mortal. Con el presunto objetivo de ocultar el asesinato y asegurar la impunidad, los agresores colocaron el cuerpo en el asiento del conductor de una camioneta Volkswagen Saveiro para luego proceder a prenderla fuego.
En el escrito judicial, la fiscal Nadia Schargrodsky aseguró que la investigación reunió un sólido entramado de evidencias que demostró que el móvil del crimen radicó en un profundo resentimiento patriarcal por parte de Agustín Hugo Glellel. El principal acusado culpaba a Cecilia Martorelli por haber asesorado y acompañado a su exesposa a radicar las denuncias judiciales que derivaron en su exclusión del hogar.
Por este motivo, la causa fue encuadrada como una expresión extrema de violencia de género en los términos de la Ley N° 26.485. Al considerar reunida una prueba unívoca, concorde y plural, la fiscalía dictaminó que están dadas todas las condiciones procesales para que los acusados respondan en un debate oral y público.