El diputado provincial Ismael Bordagaray presentará un proyecto de ley para crear el Registro de Adjudicación de Viviendas Sociales mediante tecnología blockchain, cumpliendo así con una promesa de campaña.
La iniciativa, impulsada desde el Bloque Fuerza Patria y que será tratada en la sesión del 19 de noviembre en la Cámara de Diputados, busca modernizar y dotar de absoluta transparencia a los sistemas de adjudicación de hogares en todo el territorio provincial.
El núcleo del proyecto es la creación del Registro Único de Postulantes con Soporte Blockchain, un sistema donde cada inscripción, modificación de puntaje, ubicación en la lista de espera y adjudicación quedará registrada de forma permanente y verificable. De esta manera, los criterios de prioridad se aplicarán de manera objetiva y automática, eliminando cualquier margen de discrecionalidad política.
Acceso público y resguardo de datos
El esquema contempla la habilitación de un portal público, gratuito y sin necesidad de registro previo para que cualquier ciudadano pueda consultar el padrón, revisar historiales de movimientos y constatar la autenticidad de los datos. Asimismo, cada postulante recibirá notificaciones automáticas ante cualquier variación en su situación y contará con un plazo de 30 días hábiles para presentar impugnaciones.
Desde el plano de la privacidad, el proyecto estipula que en la cadena pública solo constarán datos procedimentales tales como número de expediente, puntaje, posición y fechas. La información sensible como nombres, DNI y antecedentes de salud permanecerán resguardados en servidores seguros del Estado, cumpliendo estrictamente con la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
Finalmente, la propuesta establece que toda adjudicación que carezca de registro previo en blockchain será declarada nula, incorporando sanciones severas para los infractores y la conformación de una Comisión de Seguimiento y Auditoría integrada por diversos organismos estatales, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y organizaciones civiles para garantizar el control ciudadano.
