El gobernador Ricardo Quintela arremetió contra el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia tras la demanda que busca declarar inconstitucional el decreto provincial que frena el aumento de tarifas en la provincia.
La disputa judicial escaló a niveles críticos luego de que la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA impulsaran una presentación para anular la normativa riojana. Esta medida, dispuesta por el Ejecutivo provincial, tiene como objetivo principal evitar que los incrementos en los cuadros tarifarios nacionales impacten de lleno en los usuarios locales, protegiendo el poder adquisitivo de la población en un contexto de crisis económica.
A través de sus canales oficiales, el mandatario calificó la demanda como una maniobra "amañada" que busca vulnerar las facultades de la provincia. Según Ricardo Quintela, existe una alianza estratégica orientada al ajuste que ahora suma al máximo tribunal del país como un actor determinante para intentar revertir una decisión que prioriza el acceso a servicios básicos para todos los riojanos.
La Constitución Provincial como escudo
El gobernador fue tajante al señalar que el accionar del gobierno central ignora las garantías fundamentales establecidas en la carta magna local. Para la gestión provincial, el derecho al agua, la energía eléctrica y la conectividad se posicionan por encima de las políticas económicas de restricción fiscal que se promueven desde la Casa Rosada, calificándolas como medidas de crueldad.
En su declaración más fuerte, Ricardo Quintela sentenció que el "ajuste salvaje" tiene un límite infranqueable en el territorio provincial. La defensa del decreto se basa en la premisa de que los servicios esenciales no pueden estar sujetos exclusivamente a las leyes del mercado, reafirmando que la provincia mantendrá su postura legal firme frente al avance de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, el mandatario subrayó que estas políticas no serán aceptadas sin resistencia institucional. La batalla legal que se avecina promete ser un precedente clave en la relación entre las provincias y el Estado nacional respecto a la autonomía tarifaria y la protección de los derechos sociales básicos en tiempos de alta inflación y quita de subsidios.
