El frigorífico El Porvenir de Apóstoles anunció el cierre definitivo de sus instalaciones, dejando a casi 100 trabajadores sin su fuente laboral en medio de un clima de extrema tensión e incertidumbre.

La drástica medida se conoció de manera informal en las últimas horas, provocando la inmediata reacción de los empleados afectados. Según relató el delegado Carlos Monzón en declaraciones a El Territorio, la noticia sobre el cese de actividades llegó "por un mensaje" enviado por los responsables de la firma.

La situación laboral se tornó aún más crítica al revelarse la propuesta patronal. De acuerdo con el testimonio de los operarios, la empresa les ofreció abonar únicamente "el 50% de la indemnización en tres cuotas", una alternativa que fue categóricamente rechazada por la totalidad del personal afectado, que alcanza a 97 empleados distribuidos en tres sectores productivos clave.

Graves denuncias por vaciamiento y retención de aportes

El conflicto excede el cierre repentino de la planta industrial. Los trabajadores damnificados expusieron un historial de irregularidades graves que venían sufriendo desde hace tiempo. Carlos Monzón denunció públicamente que la patronal "hace dos años que no pagaba nuestros aportes ni la obra social, pero a nosotros nos descontaban" religiosamente de sus haberes mensuales.

Por su parte, el empleado Adrián Okraine detalló en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 cómo se ejecutó la maniobra previa. La firma venía realizando un paulatino vaciamiento de las instalaciones mediante el retiro sistemático de camiones y maquinaria pesada bajo la excusa de reparaciones en Posadas que jamás retornaron a la planta de Apóstoles.

Finalmente, la tensión escaló cuando la semana pasada enviaron una directiva al encargado de la planta para prohibir la asistencia del personal, aunque los operarios se presentaron igual ante la falta de un telegrama de despido formal. La crisis golpea fuertemente a toda la región, afectando a operarios oriundos de Apóstoles, Azara, Concepción de la Sierra y San José, quienes ahora reclaman respuestas urgentes de las autoridades competentes.