El Gobierno provincial afrontará con recursos propios el pago de las movilidades jubilatorias pendientes para todos los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, estableciendo un cronograma escalonado que finalizará en julio de 2027.

La medida quedó formalizada a través de la Ley VII N.º 111, que modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 y fija porcentajes mínimos de cumplimiento para cancelar las actualizaciones previsionales que permanecían demoradas en el distrito. El esquema surge en un contexto marcado por la interrupción de las transferencias de fondos por parte del Estado nacional para el financiamiento del sistema previsional.

Según los fundamentos de la iniciativa legislativa impulsada ante la Cámara de Representantes, la deuda acumulada rondaba los 300.000 millones de pesos a fines de 2024. Ante este escenario financiero adverso, la administración local decidió avanzar con la regularización mediante fondos propios, garantizando previsibilidad a los sectores pasivos mientras continúa con los reclamos formales ante la Nación.

El cronograma de pagos y las tres etapas

El plan de regularización se dividirá en tres instancias obligatorias de cumplimiento. La primera de ellas se efectivizará en noviembre de 2026, fecha en la cual se abonará como mínimo el 25% de los montos pendientes correspondientes a las actualizaciones previsionales.

La segunda etapa tendrá lugar en marzo de 2027, momento en el que el nivel de cumplimiento deberá alcanzar al menos el 50% de la deuda total. Finalmente, el proceso concluirá en julio de 2027, plazo límite fijado por la normativa para completar el pago del 100% de las movilidades adeudadas a los jubilados y pensionados.

Desde el Gobierno aclararon que los porcentajes establecidos representan avances específicos en la cancelación de las sumas retenidas y no constituyen un aumento general sobre los haberes mensuales. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de adelantar los plazos previstos en caso de que la Provincia disponga de mayor liquidez o logre rubricar acuerdos de financiamiento con la Administración Nacional de la Seguridad Social.