El Juzgado Federal de Oberá emplazó al Poder Legislativo para que responda en un plazo de 11 días hábiles a la demanda presentada por la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirĩ de Garuhapé contra el régimen conocido como Súper Rigi.
La presentación judicial, tramitada bajo el expediente FPO 39913/2026 por el juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, exige que se frene el trámite legislativo de la iniciativa mientras persistan las omisiones en materia de acceso a la información ambiental y del derecho indígena a la Consulta Previa, Libre e Informada.
La abogada de la comunidad, Bárbara Bertola, advirtió que el proyecto implica una transformación profunda en la gestión y explotación de los recursos naturales y un reordenamiento territorial, pese a ser presentado formalmente como una ley de extensiones impositivas y promociones industriales. Ante la falta de respuesta del Congreso a un reclamo administrativo previo, la acción judicial avanzó para garantizar los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Escazú.
Impacto sobre recursos esenciales y mega data centers
Uno de los ejes centrales del expediente radica en la absoluta ausencia de estudios sobre las consecuencias socioambientales que podrían generar las actividades económicas fomentadas por el régimen. La letrada puso como ejemplo la posible instalación de mega data centers, complejos que demandan enormes cantidades de agua y energía, además de superficies territoriales muy amplias.
La falta de evaluaciones oficiales sobre la disponibilidad real de agua potable y capacidad energética en el país encendió las alarmas no solo en las poblaciones originarias, sino para el conjunto de la sociedad. La causa tramitada en Misiones busca ahora frenar el avance normativo hasta que el Estado cumpla con las exigencias legales y ambientales correspondientes.
