La familia y la querella de Julián Vicente Ascué sostienen que su muerte durante un procedimiento policial fue producto de golpes y un uso desmedido de la fuerza.
La causa que busca esclarecer el fallecimiento de Julián Vicente Ascué, de 41 años, continúa en su etapa inicial bajo la carátula de muerte dudosa. El trágico episodio ocurrió el pasado sábado en su vivienda del microcentro capitalino, donde los uniformados debían cumplir una orden judicial para trasladarlo a una clínica de rehabilitación debido a una discapacidad mental.
En este marco, el abogado querellante Adrián Benítez presentó ante el Juzgado de Instrucción Seis una serie de pedidos formales para acreditar que la muerte del hombre fue un crimen originado por irregularidades operativas. Entre las medidas solicitadas se destaca la realización de una nueva autopsia, estudios médicos complementarios y que la investigación sea derivada a una fuerza de seguridad federal.
Indicios de violencia y dudas sobre la autopsia
El pedido de la familia surge tras detectar múltiples rastros de sangre en diferentes sectores del domicilio, desde la sala hasta la habitación, incluyendo manchas hemáticas en las mancuernas que utilizaba para entrenar. Según la denuncia, los efectivos de la Seccional Primera ingresaron sin exhibir la orden judicial y, ante la negativa del hombre, intervino un grupo especial que irrumpió por una ventana utilizando gas pimienta.
Por su parte, los resultados preliminares del informe forense determinaron que el deceso se produjo a raíz de un paro cardiorrespiratorio y constataron un corte en la cabeza provocado por un forcejeo. Sin embargo, la querella puso en duda dicha versión oficial debido a las múltiples lesiones documentadas en fotografías y exige que se investigue la responsabilidad de los uniformados que participaron en el operativo.