La suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral dispuesta por el Gobierno nacional afecta a 1.026 beneficiarios en Misiones y a 21.812 en todo el país, desatando una fuerte polémica por las exigencias burocráticas y la falta de turnos médicos.
La medida se enmarca en el riguroso proceso de auditorías impulsado por la administración de Javier Milei sobre las pensiones por discapacidad, dejando sin efecto la restitución de prestaciones que habían sido rehabilitadas durante 2025 tras reclamos judiciales.
El diputado provincial Cristian Castro cuestionó severamente las condiciones en las que se desarrolla el operativo. Aclaró que no se opone a la verificación estatal, pero repudió la forma en que se ejecuta: “Nosotros no estamos en contra de la auditoría. Hay muchas personas que seguramente tienen una pensión y no corresponden. No estamos en contra de que el Estado verifique, pero que esto se haga de una forma correcta, no de la forma salvaje que se llevó a cabo el año pasado”, sentenció.
Un drama humano expuesto al aire y plazos imposibles
Durante una entrevista radial junto al legislador Héctor Cacho Bárbaro, un vecino identificado como Juan Carlos Ferraz, con un 94% de discapacidad, descubrió en plena transmisión que su beneficio había sido dado de baja. Ferraz, quien no sabe leer ni escribir, explicó que utilizaba ese ingreso para afrontar el alquiler y comprar alimentos básicos, quedando ahora en absoluta desprotección.
Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) advirtieron que los afectados disponen de un plazo improrrogable de 60 días para presentar la documentación respaldatoria. Sin embargo, los legisladores denunciaron que los hospitales públicos, como el Hospital Madariaga y los centros de salud del interior, colapsan diariamente ante la imposibilidad de otorgar turnos médicos rápidos, condenando a los beneficiarios a perder definitivamente sus ingresos por barreras estrictamente burocráticas.
