La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones generó extrema preocupación entre los proveedores mineros de Salta, quienes advierten graves riesgos para las pymes de la región.

La controversia surge a partir del Decreto 1366/2026, una normativa que introduce cambios sustanciales en las reglas de juego para la provisión de bienes y servicios en los grandes emprendimientos mineros que operan en territorio argentino. El punto más cuestionado apunta directamente a la eliminación de la exigencia histórica que obligaba a las empresas proveedoras a contar con al menos el cincuenta y uno por ciento de capital nacional. Con esta nueva disposición implementada por el Gobierno nacional, cualquier firma de capital extranjero que se encuentre constituida y domiciliada en el país podrá calificar formalmente como proveedora nacional dentro del régimen especial.

Desde el ámbito empresario salteño señalaron que esta apertura indiscriminada permitirá que grandes contratistas internacionales compitan en absoluta igualdad de condiciones con las empresas locales, desplazando a las compañías de la provincia. La Puna salteña atraviesa actualmente un período de intensa expansión gracias a yacimientos estratégicos de litio y cobre como Taca Taca, Rincón y Centenario Ratones, proyectos que concentran las mayores expectativas de crecimiento económico y generación de empleo genuino.

El impacto en la cadena de valor y el compre local

La cadena de valor regional involucra a una vasta red de pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte, la gastronomía, la hotelería, la construcción y la provisión de insumos tecnológicos indispensables para la actividad minera. Dirigentes del sector expresaron su desconcierto ante la medida, remarcando que contradice abiertamente las políticas de federalización impulsadas previamente por el propio Ejecutivo nacional para fortalecer las economías provinciales. Cuesta entender la medida, especialmente luego de que venimos de participar en importantes convocatorias para federalizar la cadena de valor, cuestionó con dureza un referente empresario local durante las últimas horas.

Ante este escenario crítico, las cámaras de proveedores y las entidades intermedias anunciaron que se mantendrán en estado de alerta permanente. Su objetivo principal es exigir garantías firmes que aseguren la participación activa de las empresas salteñas en los contratos de mayor escala, evitando que los beneficios económicos extraordinarios de la minería queden exclusivamente en manos de corporaciones extranjeras y debiliten el desarrollo sostenible de la región.