La Agencia de Recaudación y Control Aduanero postergó por 120 días la entrada en vigencia de las modificaciones al régimen de tráfico vecinal fronterizo, tras las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución General 5914, la cual otorga un plazo de cuatro meses para conformar mesas de trabajo orientadas a analizar la situación comercial en las zonas limítrofes y evaluar el impacto real de las nuevas restricciones sin perjudicar la actividad local.

El mandatario provincial había planteado la necesidad urgente de revisar estas disposiciones durante una reunión mantenida con el director de ARCA, Andrés Vázquez, y el titular de Aduanas, buscando frenar un escenario de tensión social que ya acumulaba reclamos formales y medidas de fuerza.

En los fundamentos de la normativa, el organismo nacional reconoció la existencia de particularidades operativas y socioeconómicas específicas en la zona de frontera, justificando así la necesidad de un período de adecuación que no altere drásticamente los usos y costumbres de las comunidades.

Reclamos, amparos y bloqueos en la frontera norte

Las modificaciones originales del organismo recaudador apuntaban a poner un freno definitivo al fraccionamiento de mercadería, la repetición sistemática de operaciones comerciales y los diversos desvíos hacia circuitos informales, desatando una fuerte resistencia en el norte salteño.

Tras la implementación inicial de las restricciones el pasado 10 de octubre, figuras clave como el interventor en Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y la Cámara de Comercio de Salvador Mazza elevaron sus quejas formales, llegando incluso a presentarse un recurso de amparo judicial.

La tensión escaló durante la jornada del martes, cuando bagayeros del lado boliviano bloquearon el Puente Internacional en reclamo por la imposibilidad de operar, una medida que paralizó la dinámica comercial de la zona y que recién pudo destrabarse cerca del mediodía.

Con este nuevo compás de espera de 120 días, se abre una ventana formal de diálogo y negociación entre los gobiernos, los comerciantes, los trabajadores y las autoridades nacionales para intentar destrabar el conflicto fronterizo.