La Cámara Federal de Apelaciones de Salta otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a la exesposa del exintendente de Aguas Blancas, Mirta Cordero, y a un contador investigado por presunto lavado de activos en una causa que ya involucra a doce personas.

La resolución fue adoptada durante una audiencia donde los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Santiago French evaluaron los planteos de las defensas y resolvieron mantener el plazo de 60 días para avanzar con la investigación penal. En ese período, la Fiscalía continuará con las diligencias destinadas a esclarecer las operaciones económicas observadas y a determinar qué intervención específica tuvo cada uno de los acusados en la trama.

La situación familiar de ambos imputados resultó determinante para que el tribunal accediera al cambio en las modalidades de detención. En el caso de Nancy Mirta Cordero, se tuvo en cuenta que tiene a su cargo seis hijos menores de edad. Por su parte, el contador Orlando Oris Lovera había enviudado recientemente y su hijo adolescente había quedado bajo el cuidado circunstancial de un jardinero, sumado a que los magistrados consideraron que no existían elementos firmes para asegurar que entorpecería la pesquisa.

Contratos bajo la lupa y millones en juego

La investigación cuenta con la decisiva intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La hipótesis central de la fiscalía ubica a Carlos Alfredo Conejo Martínez como el presunto jefe de una organización dedicada a utilizar sociedades y operaciones comerciales para dar apariencia lícita a fondos obtenidos mediante el narcotráfico y el contrabando.

Entre las maniobras bajo análisis figuran dudosas contrataciones con la Municipalidad de Aguas Blancas. Uno de los expedientes apunta a una sociedad por acciones simplificada vinculada a Lovera, la cual obtuvo un contrato por 25 millones de pesos para brindar servicios de transporte al municipio, a pesar de que se investiga si contaba con la estructura operativa necesaria. Asimismo, se examinan pagos por 30 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales emitidos apenas tres semanas después de la constitución de otra firma.

Mientras se analizan dispositivos electrónicos, documentación y millonarios movimientos financieros, Conejo Martínez continúa alojado en el penal de Villa Las Rosas tras haber sido rechazado su pedido de libertad. El exintendente acumula un pesado historial judicial que incluye una condena previa en 2013 por transporte de estupefacientes y una detención en 2019 con dinero en efectivo sin justificar, consolidando un expediente que promete revelar nuevos vínculos de corrupción y lavado en el norte provincial.