A través del Decreto Nª 3/24, el gobernador Gustavo Sáenz puso en vigencia la Ley Provincial Nº 8412 que prohíbe de manera absoluta a los colegios privados retener documentación o interrumpir las clases por morosidad.

La normativa, que entró en vigencia de manera inmediata, modificó la Ley 7.934 de Reglamentación del Derecho de Admisión en Institutos Educativos Públicos de Gestión Privada. De esta manera, los establecimientos salteños ya no podrán obstaculizar la asistencia regular a clases ni retener boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos y certificados de regularidad a los estudiantes que registren deudas.

El nuevo articulado especifica textualmente: "Prohíbase a los Institutos Educativos Públicos de Gestión Privada, retener o no entregar boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de alumnos/as que registren morosidad en el pago de cuotas o aranceles".

Nuevas reglas contra la discriminación escolar

Por otro lado, la legislación instituye la prohibición terminante de cualquier acto u omisión de hostigamiento, exclusión y discriminación motivado por atrasos en los pagos. En este sentido, la norma considera como un acto discriminatorio publicar por cualquier medio la deuda en concepto de cuotas, obligando a los directivos a gestionar los cobros exclusivamente con los padres, madres, tutores o representantes legales.

El proyecto final que logró su sanción durante el último período legislativo provino de la Cámara de Diputados, imponiéndose sobre la propuesta del Senado que buscaba crear una ley completamente nueva e incluir sanciones específicas del Ministerio de Educación. Con esta promulgación, las reglas de juego en la educación privada salteña cambian de manera drástica desde hoy.