La Sala III del Tribunal de Impugnación ratificó la condena a doce años de prisión efectiva para un hombre hallado culpable de un aberrante ataque sexual cometido contra una joven de la comunidad wichí en el norte provincial.
El aberrante suceso ocurrió el 1 de agosto de 2.018, cuando el imputado, identificado como M.M.P., interceptó a la víctima junto a otros dos hombres a quienes ella no pudo identificar en ese momento. Los agresores la trasladaron a la zona de la banda del puente en el camino a Morillo que conduce hacia la localidad de Alto La Sierra.
Durante la agresión, los sujetos le vendaron los ojos, le taparon la boca, le ataron las manos y la desnudaron para someterla sexualmente, provocándole además lesiones físicas antes de escapar del lugar. Tras lograr liberarse, la joven de 20 años regresó descalza y completamente desnuda a su vivienda, donde relató lo sucedido ante sus familiares más cercanos.
La valoración de las pruebas y el testimonio clave
Al resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa, los jueces Eduardo Barrionuevo y Pablo Mariño valoraron especialmente el testimonio de la víctima, destacando que en este tipo de delitos cometidos en la clandestinidad la palabra de quien sufre el ataque resulta fundamental.
Los magistrados respondieron a los cuestionamientos del defensor sobre la traducción cultural del hecho, recordando lo manifestado por un maestro bilingüe que acudió en auxilio de la joven tras el ataque. El testigo explicó que en la lengua wichí no existe un término literal equivalente a la violación, sino que se expresa como maltratar o forzar el consentimiento, situación que fue debidamente contextualizada por el tribunal.
Asimismo, los jueces subrayaron la contundencia del pedido que la propia víctima le hizo al condenado durante la audiencia de debate, cuando le exigió entre lágrimas que revele la identidad de sus cómplices. Por todo ello, la Sala III del Tribunal de Impugnación concluyó que la calificación legal por abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de partícipes se encuentra ajustada a derecho, confirmando la pena de 12 años de prisión efectiva dictada oportunamente por la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal.