El doctor en Biología Enrique Derlindati advirtió que la fiscalización de los cueros comercializados no garantiza la conservación de la especie, tras la habilitación oficial de capturar hasta 30 mil iguanas coloradas.

La decisión del Gobierno de Salta de habilitar una nueva temporada de aprovechamiento comercial de la iguana colorada, con un cupo máximo de 30.000 cueros hasta el 31 de marzo de 2027, abrió intensos interrogantes sobre la sustentabilidad de la actividad. La medida, oficializada mediante la Resolución N.º 899/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, abarca los departamentos de Anta, San Martín, Rivadavia y Orán, además del municipio de El Galpón, estableciendo un ancho mínimo de 30 centímetros para los cueros y un pago de diez mil pesos por pieza.

Sin embargo, para Enrique Derlindati, reducir el cupo en diez mil unidades respecto al año anterior o registrar las pieles comercializadas no constituye una garantía real de conservación. El especialista explicó que, aunque la captura representa una fuente de ingresos histórica para familias originarias y criollas de la región chaqueña desde el año 2000, su continuidad debe depender estrictamente de evaluaciones científicas capaces de medir el impacto real sobre las poblaciones silvestres locales.

Una cadena desigual y la falta de información pública

Durante su análisis, el biólogo remarcó que la Provincia carece de informes integrados y periódicos que permitan evaluar las tendencias poblacionales o justificar técnicamente las cuotas autorizadas. «Que sea más difícil no significa que sea prescindible», sostuvo al reclamar un programa específico de gestión de fauna silvestre que incluya indicadores biológicos y resultados abiertos a toda la sociedad.

Asimismo, el investigador cuestionó la profunda asimetría en la cadena económica de la actividad. Mientras las iguanas son cazadas artesanalmente en el monte, una piel por la que el cazador recibe unos diez dólares puede alcanzar un valor de exportación superior a los setecientos dólares en los mercados internacionales, evidenciando una brecha que interpela tanto a la economía regional como a las políticas de control vigentes.

Finalmente, Derlindati advirtió que estos reptiles cumplen funciones ecológicas fundamentales en los bosques chaqueños, como el control de invertebrados y la dispersión de semillas. Por este motivo, exigió que la política ambiental abandone la simple fiscalización de cueros para transicionar hacia un manejo adaptativo respaldado por evidencia científica y participación comunitaria.