La intendenta de Hipólito Yrigoyen, María Soledad Cabrera, se encuentra en el centro de una tormenta judicial tras recibir múltiples denuncias por presuntas irregularidades en la administración de los recursos públicos durante el ejercicio 2025.
La avanzada judicial fue impulsada por seis de los siete concejales del municipio, quienes presentaron sus reclamos ante la Fiscalía Penal N.º 3 de Orán. El núcleo del cuestionamiento se centra en la falta de correspondencia entre los fondos declarados por el Ejecutivo y las obras públicas efectivamente ejecutadas. Según los ediles, existen trabajos que figuran como concluidos en los registros oficiales pero que, en la práctica, no presentan avances concretos, lo que motivó una solicitud formal para auditar partidas presupuestarias y registros contables.
Otro punto crítico de la denuncia involucra el sorteo de una motocicleta cero kilómetro en un evento municipal. Los concejales sospechan de un posible intercambio de favores, ya que el rodado fue donado por un particular que, paralelamente, realizaba gestiones ante la Municipalidad para obtener la adjudicación de tierras fiscales. Esta situación ha encendido las alarmas sobre posibles beneficios indebidos en el otorgamiento de terrenos.
Un amparo judicial desoído y nuevas acusaciones
El conflicto escaló al fuero civil cuando la abogada Estela Mabel Castillo promovió un amparo colectivo para exigir transparencia. El 14 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán ordenó al municipio entregar documentación detallada sobre contratos, uso de recursos y estado de obras en un plazo perentorio. Sin embargo, la letrada denunció que la información recibida estaba incompleta, carecía de facturas y no permitía verificar los movimientos financieros.
Ante la falta de respuestas claras, la abogada presentó nuevas actuaciones penales contra la intendenta, el secretario de Gobierno Juan José López y los responsables de las áreas de Hacienda y Obras Públicas. Las acusaciones incluyen presunto fraude a la administración pública, falsedad ideológica y malversación de caudales públicos, delitos que ahora deberán ser investigados por la Justicia.
Mientras la causa avanza en los tribunales, el descontento social crece en las calles de la localidad. Los vecinos denuncian un marcado deterioro en la infraestructura urbana, falta de mantenimiento en avenidas principales y una deficiente recolección de residuos, especialmente en el barrio 62 Hectáreas. La falta de respuestas del Ejecutivo municipal mantiene la tensión política en un punto crítico, a la espera de que la investigación judicial determine las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
