Tras la realización de la audiencia pública no vinculante, el boleto del transporte urbano se elevaría considerablemente desde el próximo mes debido a la suba de insumos y salarios.

Durante el encuentro llevado a cabo en el Sindicato del Cuero en Rosario de Lerma, la Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor (SAETA) expuso los fundamentos técnicos que motivaron el pedido de readecuación tarifaria. El pasaje, que actualmente cuesta 41 pesos, treparía hasta los 63 pesos a partir del 1 de agosto. Entre los principales motivos, la empresa detalló el impacto inflacionario en el precio del gasoil, que pasó de 81 pesos a principios de año hasta alcanzar los 220 pesos por litro.

Asimismo, desde la prestataria señalaron las variaciones en la masa salarial tras las últimas paritarias y el exponencial incremento en el valor de los neumáticos. Según indicaron, cada unidad pasó de costar 76.000 pesos a unos 160.000 pesos actuales, un insumo crítico que debe renovarse en dos oportunidades cada año. Pese a este escenario, la empresa remarcó que lograron sostener las frecuencias, ampliar la flota y mantener el beneficio del Pase Libre.

Definiciones de la AMT y protestas en las calles

La audiencia fue encabezada por el presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, junto al vicepresidente Gustavo Serralta, el director Luis López y el coordinador general Daniel Cabrera. Participaron 16 oradores y cerca de medio centenar de vecinos. Ferraris agradeció la participación comunitaria y adelantó que las gerencias económica y jurídica evaluarán todas las posturas para tomar una decisión definitiva la próxima semana.

En paralelo al desarrollo institucional del proceso, la medida generó un fuerte rechazo en las calles. La sede central de SAETA, ubicada en las calles Pellegrini y Corrientes, fue escenario de una masiva movilización encabezada por el MST-Frente de Izquierda Unidad. El referente sectorial Mario Silva cuestionó duramente la iniciativa al señalar que se intenta descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores para garantizar las ganancias del empresariado con el aval del gobierno provincial.