Madres de comunidades originarias en General Ballivián presentaron una denuncia colectiva para visibilizar casos de venta de drogas, amenazas de muerte y presuntos abusos sexuales contra menores de edad.
La situación en el departamento San Martín alcanzó un punto crítico tras el testimonio de mujeres y referentes que denuncian un entramado de violencia y desprotección. Según las denunciantes, el incremento en la comercialización de estupefacientes derivó en hechos de inseguridad y una alarmante vulnerabilidad para los niños, niñas y adolescentes de la zona, quienes se encuentran en el centro de esta crisis social.
Laurentina Nicasio, presidenta de la Fundación Jualá, alertó que menores de la comunidad estarían siendo utilizados para la distribución de sustancias ilegales. Lo más grave reside en los relatos que indican que niños y niñas wichí estarían expuestos a abusos sexuales a cambio de drogas, configurando un escenario de explotación y consumo problemático que requiere una intervención estatal inmediata y efectiva.
Amenazas extremas y falta de respuestas oficiales
La referente comunitaria no solo expuso la problemática social, sino que denunció haber sido víctima de una intimidación directa. Nicasio aseguró que un vecino la amenazó con rociarla con combustible tras sus reclamos públicos, lo que motivó un pedido urgente de garantías de seguridad para quienes se atreven a exponer estos delitos ante la justicia y los medios de comunicación.
Las familias recordaron que este conflicto no es nuevo y que en años anteriores ya se habían registrado protestas contra viviendas señaladas como puntos de venta de droga. Sin embargo, la falta de acciones concretas permitió que la problemática se profundizara, afectando la paz social y la integridad física de las comunidades originarias del norte. El pedido de las madres es contundente: exigen una investigación profunda, medidas de protección para los menores y un plan de acción urgente frente al avance del narcotráfico en el territorio.