El Ministerio de Salud Pública de Salta ratificó la exoneración de la obstetra Vanesa Analía Achával por su responsabilidad directa en el caso del bebé que nació en el piso del Hospital Papa Francisco.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución Delegada N.º 848D, mediante la cual el organismo conducido por el ministro Federico Mangione rechazó de plano el recurso de reconsideración presentado por la profesional contra el Decreto N.º 779/2025 que había dispuesto su salida definitiva de la administración pública provincial.
De acuerdo con los fundamentos expuestos en el expediente, las pruebas reunidas durante el sumario administrativo confirmaron que la obstetra incurrió en una falta de asistencia adecuada. Entre los elementos evaluados figuran la documentación oficial, las declaraciones de la propia médica y el dictamen legal elaborado por las autoridades del establecimiento sanitario ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
El grave suceso se registró el 19 de enero de 2023, cuando la paciente Fernanda Lucrecia Romero acudió al nosocomio en pleno trabajo de parto. Tal como quedó registrado en los videos viralizados por testigos en aquel momento, la mujer no recibió la contención profesional oportuna, lo que derivó en que el recién nacido terminara cayendo al piso en el sector de ingresos.
Violación de normativas y leyes vigentes
Como consecuencia directa de la falta de atención médica, el recién nacido sufrió lesiones de extrema gravedad que obligaron a someterlo a intervenciones quirúrgicas de urgencia en los días posteriores. El episodio generó un profundo repudio social y visibilizó las fallas en los protocolos internos de atención.
Para sostener la máxima sanción administrativa, la cartera sanitaria remarcó que la conducta de la profesional vulneró abiertamente la Ley Nacional N.º 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley N.º 25.929 de Parto Humanizado, normativas que sancionan cualquier tipo de violencia obstétrica y exigen un trato digno en el sistema sanitario.
Con el rechazo formal del recurso presentado por la defensa, la vía administrativa dentro del Poder Ejecutivo quedó completamente agotada, dejando firme la exoneración de la obstetra del sistema público de salud.
