La administración municipal de Hipólito Yrigoyen atraviesa un escenario de extrema tensión institucional y judicial debido a múltiples denuncias penales contra la intendenta María Soledad Cabrera, cuestionamientos sobre la ejecución presupuestaria y un fallo judicial que exige rendición de cuentas.
El conflicto escaló en las últimas horas tras la ratificación de dos denuncias penales presentadas por seis concejales ante la Fiscalía Penal Número 3 de Orán. Los ediles advierten sobre profundas inconsistencias entre los recursos informados, las partidas ejecutadas y las obras públicas efectivamente realizadas, poniendo bajo la lupa el destino de los fondos municipales administrados por el Ejecutivo.
A esta situación se sumó una acción judicial colectiva impulsada por la abogada y vecina Estela Mabel Castillo. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad presentar un detalle exhaustivo sobre la utilización de recursos, contratos y empresas contratistas, bajo apercibimiento de multas coercitivas.
Nuevas acusaciones y silencio oficial
Lejos de llevar tranquilidad, la respuesta del municipio enviada a la Justicia fue duramente cuestionada por los denunciantes. Según advirtió la letrada Estela Mabel Castillo en declaraciones radiales, la documentación entregada presentaba espacios vacíos, falta de facturas y balances incompletos, lo que motivó la ampliación de nuevas actuaciones penales por presunto fraude a la administración pública, falsedad ideológica y malversación de caudales públicos.
Las acusaciones también alcanzan directamente al secretario de Gobierno, Juan José López, junto a los responsables de las áreas de Hacienda y Obras Públicas. En paralelo a la investigación judicial, los vecinos denuncian un marcado deterioro en los servicios esenciales, acumulación de basura y falta de mantenimiento en distintos puntos del municipio, mientras desde el entorno de la intendenta María Soledad Cabrera optan por mantener un absoluto silencio ante las requisitorias periodísticas y judiciales.
