La defensa de Romina Balverdi presentó un pedido de enjuiciamiento contra tres funcionarias judiciales de Tartagal por presunta omisión y retardo de justicia ante denuncias previas por violencia extrema.

El caso de Romina Balverdi, una mujer de 39 años y madre de cuatro hijos que actualmente cumple arresto domiciliario tras provocar la muerte de su expareja, volvió a exponer las graves falencias en la respuesta del Estado frente a la violencia de género. En una entrevista concedida al periodista Héctor Alí en FM Pacífico, el abogado defensor Alexis Rambier Ríos confirmó la presentación de un jury contra tres integrantes del Poder Judicial a quienes responsabiliza por la falta de protección a pesar de las múltiples denuncias realizadas durante años.

Según relató el letrado, Balverdi arrastra una historia de agresiones físicas, abusos sexuales y tormentos desde su infancia y durante toda su relación de pareja, incluyendo episodios de violencia gestacional que habrían afectado la salud de sus hijos. El abogado sostuvo que la mujer acudió en más de diez ocasiones a pedir auxilio a distintos organismos judiciales durante el mes de octubre, llegando incluso a manifestarse públicamente ante el temor fundado de ser asesinada por su agresor.

Funcionarias bajo la lupa y el reclamo de legítima defensa

La presentación legal apunta directamente contra la defensora oficial de Violencia Familiar y de Género, Valeria Magadán; la fiscal especializada en la misma materia, Lorena Martínez; y la jueza Susana Elba Menéndez. El defensor cuestionó que las medidas cautelares otorgadas fueron nulas o insuficientes, señalando que una de las consignas policiales dispuestas tuvo una duración de apenas un solo día, dejando a la víctima completamente desprotegida.

Hoy la situación procesal de Balverdi plantea una paradoja desgarradora que su defensa busca revertir en los estrados judiciales. Mientras rogó durante años por una custodia policial para evitar ser asesinada, hoy cumple arresto domiciliario imputada por la muerte de su agresor. Ante este escenario, el abogado requirió formalmente un cambio de calificación legal hacia la figura de legítima defensa, exigiendo además la inmediata libertad de la madre de cuatro hijos mientras avanza la investigación sobre la conducta de las funcionarias denunciadas.