El conflicto entre los médicos anestesiólogos y el Ministerio de Salud Pública de Salta escaló a niveles críticos tras confirmarse que ya son sesenta las cirugías programadas suspendidas en el hospital San Vicente de Paúl de Orán.
La medida profundiza una controversia que lleva meses sin resolverse y que combina reclamos por prestaciones pendientes de pago, honorarios congelados y compromisos de actualización salarial que, según denuncian los profesionales, jamás fueron cumplidos por la cartera conducida por Federico Mangione. Mientras las autoridades sanitarias sostienen que las obligaciones económicas se encuentran dentro de los plazos contractuales, los especialistas aseguran que el Gobierno desconoce acuerdos previamente alcanzados y evita abrir una instancia efectiva de negociación directa, derivando el caso a la Fiscalía de Estado.
En ese contexto, la gerenta de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), Luciana Gandolfi, expuso la postura del sector y rechazó enfáticamente que la suspensión de las intervenciones pueda considerarse un abandono de pacientes. La representante aclaró que los profesionales continúan garantizando la atención absoluta de urgencias, emergencias, mujeres embarazadas, niños y pacientes oncológicos, remarcando que la medida responde estrictamente a la falta de respuestas oficiales ante los reclamos salariales sostenidos.
Cuestionan la judicialización y exigen respuestas urgentes
Uno de los principales cuestionamientos formulados desde ASAAR estuvo dirigido a la decisión de trasladar el enfrentamiento a los tribunales cuando, según sostuvo la dirigente, los médicos venían solicitando reuniones desde hace meses para encontrar una salida consensuada. Luciana Gandolfi consideró que la presentación judicial resultó innecesaria y advirtió que no se puede administrar la sanidad pública a través de amparos mientras se incumplen los convenios vigentes.
El malestar de los anestesiólogos también se centra en el congelamiento de sus honorarios, los cuales aseguran que permanecen sin modificaciones desde julio del año pasado, afectando gravemente el poder adquisitivo de los profesionales que desempeñan tareas en los hospitales públicos de la provincia. La falta de acuerdo paritario y el retraso en las transferencias completan un escenario de alta tensión que continúa afectando de manera directa a decenas de pacientes que aguardaban desde hace meses una fecha para sus respectivas intervenciones quirúrgicas en el norte salteño.
