A doce años de la tragedia en el cerro El Acheral que se cobró la vida de cuatro brigadistas, las familias continúan reclamando justicia y denuncian la falta de respuestas claras del Estado.
Al cumplirse un nuevo aniversario del fatídico 28 de octubre de 2014, la memoria de Mauricio Valdez, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra y Matías Vilte vuelve a ponerse en el centro de la escena pública. Los cuatro trabajadores perdieron la vida mientras combatían un voraz incendio forestal de gran magnitud en una zona serrana de difícil acceso en el paraje Las Juntas, en la jurisdicción de Guachipas.
A más de una década de aquel trágico episodio, la causa judicial se encuentra cerrada de manera definitiva y sin ningún responsable condenado, una situación que genera profunda indignación en el entorno de las víctimas. Omar Valdez, padre de Mauricio, dialogó con este medio y recordó el extenso y desgarrador camino judicial que debieron transitar desde aquel entonces, cuestionando severamente el papel de la justicia provincial. Todo quedó ahí, como si los chicos se hubieran mandado solos, expresó al cuestionar que las responsabilidades penales se desvanecieron en los tribunales.
Un proceso judicial sin condenas y la lucha por las indemnizaciones
Durante la investigación preliminar, el foco se instaló en las condiciones de seguridad, la organización del operativo y las responsabilidades de los funcionarios a cargo. En el año 2019, la Justicia dictó una condena contra uno de los imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que los demás acusados resultaron absueltos. Sin embargo, en agosto de 2021, el Tribunal de Impugnación revocó incluso esa única sanción, dejando el expediente sin culpables.
Más allá del plano penal, la situación laboral de los brigadistas evidenció profundas asimetrías. Mientras algunos contaban con estabilidad en la planta permanente, Mauricio Valdez y Matías Vilte cumplían funciones bajo la modalidad de contratos, una precariedad que afectó directamente los derechos de sus deudos. Aunque la Justicia ordenó oportunamente al Estado provincial el pago de indemnizaciones por daños materiales y morales, las familias debieron librar una nueva batalla administrativa y judicial durante años para poder cobrar dichos montos.
Hoy, a pesar del paso del tiempo y de haber recibido las compensaciones económicas tras una larga lucha, las consecuencias humanas de la tragedia son irreparables para el entorno familiar. Las ausencias continúan pesando en el día a día, mientras crecen los reclamos dirigidos al Gobierno provincial para garantizar mejores condiciones laborales, recursos y mayor dotación de personal en el área de Defensa Civil para evitar que una catástrofe semejante vuelva a repetirse.
