El Observatorio de Violencia contra las Mujeres advirtió sobre el drástico incremento de crímenes de género en la región, donde ya se registran doce casos confirmados en lo que va del año y múltiples muertes violentas bajo investigación.
La alarmante cifra representa el doble de los casos registrados durante todo el año anterior, marcando un retroceso preocupante en las estadísticas provinciales. Desde el organismo señalaron que la gran mayoría de los ataques son perpetrados por parejas o exparejas dentro de los propios domicilios, el lugar donde las víctimas deberían sentirse más seguras. Asimismo, se detectaron patrones particulares en los episodios recientes, incluyendo agresiones con extrema fuerza física y casos vinculados.
Ante este panorama desolador, la vigencia de la emergencia por violencia de género continúa siendo un pilar fundamental. Durante este periodo, la renovación bianual impulsada desde 2014 llegó acompañada por un proyecto presentado ante la Cámara de Senadores enfocado en la detección temprana. Según explicaron las autoridades, existe una ley vigente desde 2015 que obliga al personal de salud y de educación a denunciar situaciones de violencia, respaldados por la resolución ministerial 998, un protocolo clave para activar alertas judiciales antes de que se consume una tragedia.
El impacto institucional y la falta de prevención
El debate sobre la eficacia de las herramientas estatales se profundizó tras el reciente femicidio ocurrido en la localidad de Chicoana, donde un policía utilizó su arma reglamentaria para asesinar a su expareja durante una instancia de mediación antes de quitarse la vida. Este hecho puso el foco en la necesidad de revisar los antecedentes y la contención dentro de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, el informe institucional advirtió sobre el impacto negativo que generaron los cambios en las políticas nacionales, señalando una merma significativa en las áreas de género municipales tras ser absorbidas por otras carteras, sumado a la falta de campañas provinciales de prevención. En cuanto al cuestionamiento sobre las supuestas falsas denuncias, las estadísticas del organismo descartaron de plano esa teoría al ubicarla en un irrelevante 0,01 por ciento.