La Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación denunció que los honorarios en los hospitales públicos están congelados y acumulan un desfasaje del 33,8 por ciento frente al resto del personal de salud.
El conflicto entre los médicos anestesiólogos de los hospitales públicos y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia sumó máxima tensión tras meses de negociaciones estériles y reclamos formales que continúan sin respuestas concretas. Ante este escenario, los profesionales decidieron avanzar con medidas de fuerza que afectan exclusivamente a las cirugías programadas, aunque aclararon públicamente que la atención de urgencias, emergencias, pacientes oncológicos, embarazadas y pediátricos se encuentra plenamente garantizada.
A través de una solicitada publicada en las últimas horas, desde la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) pidieron disculpas a la comunidad por los inconvenientes generados. Luciana Andolfi, gerente de la entidad, detalló que los profesionales perciben los mismos valores desde el mes de julio, quedando completamente marginados de las sucesivas actualizaciones por paritarias que recibió el resto del sistema sanitario provincial.
Un reclamo doble que incluye deudas salariales y falta de diálogo
La referente gremial desmintió categóricamente las declaraciones del ministro del área respecto al supuesto cumplimiento de las obligaciones financieras. Luciana Andolfi afirmó que el Ministerio adeuda las prestaciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto, desmintiendo que los pagos se encuentren al día. Según los cálculos oficiales presentados por el sector, el atraso salarial acumulado genera una brecha del 33,8 por ciento si se comparan los incrementos otorgados al resto de los trabajadores estatales desde el segundo semestre del año pasado.
En los hospitales públicos de la provincia desempeñan sus labores más de cincuenta especialistas bajo la modalidad de prestadores, un sistema donde perciben ingresos únicamente por las prácticas efectivamente realizadas mediante una estricta auditoría conjunta. Bajo este esquema, los profesionales deben afrontar por su cuenta los costos de seguros de mala praxis, aportes jubilatorios y ART, sin percibir aguinaldo. Desde la asociación enfatizaron que el agotamiento es absoluto debido a la falta de canales de diálogo efectivos con las máximas autoridades ministeriales, exigiendo una urgente regularización para destrabar el conflicto en la sanidad pública.
