Un geriátrico de Campo Quijano quedó en el centro de la polémica tras denuncias por abuelos deshidratados y desnutridos, operando además con habilitación provisoria y en un predio lindante a una estación de combustible.

La controversia abrió un debate ineludible sobre los controles estatales y las condiciones en las que se encuentran los adultos mayores alojados en el establecimiento de calle 25 de Mayo. Mientras desde el municipio aseguraron que los responsables llevan meses trabajando para reunir los requisitos y contrataron a profesionales especializados e incluso a un técnico en Higiene y Seguridad, la falta de un permiso definitivo expone vacíos preocupantes en la fiscalización.

El pasado jueves se llevó a cabo un operativo conjunto con la intervención de la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno provincial, representada por Agustina Esteban, el gerente del hospital Juan Pablo Castillo, autoridades municipales, Defensa Civil y una trabajadora social. De este relevamiento exhaustivo surgirá el informe clave para determinar las medidas a seguir, en un inmueble que además se encuentra contiguo a un local de venta de combustible y donde a simple vista no se perciben salidas de emergencia.

Versiones cruzadas y defensa legal

La alarma se encendió públicamente a través del testimonio de Marcela, una voluntaria que visitaba la residencia y alertó sobre presuntos golpes, cuadros de deshidratación, alimentación deficiente y un marcado deterioro en la salud de unos 18 abuelos que vivirían en el lugar, cuya cifra exacta aún no fue confirmada de manera oficial.

Por su parte, el abogado defensor Federico Ruiz Mattei rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que la Policía constató el estado de los residentes tras una denuncia anónima. El letrado sostuvo que las puertas están abiertas sin restricciones horarias para las familias y atribuyó el deterioro físico de algunos abuelos a enfermedades preexistentes y no a situaciones de abandono, dejando el caso en manos de los informes técnicos oficiales.