El Gobierno nacional oficializó una millonaria actualización en las compensaciones para las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que desató un enérgico reclamo del gobernador Gustavo Sáenz por la desigualdad en la distribución de recursos.
A través de la Resolución 80/2026 publicada en el Boletín Oficial, la administración central autorizó un pago de $38.840 millones a las empresas por diferencias de recaudación y fijó una nueva estructura de costos para 104 líneas de jurisdicción nacional que operan en el AMBA. El esquema contempla un incremento de entre el 10% y el 15% en los subsidios a partir de noviembre, tras un acuerdo con las cámaras empresarias del sector que incluye además los costos de transición hacia unidades ecológicas.
La medida generó una inmediata reacción del mandatario salteño, quien cuestionó con dureza que la Nación destine nuevos fondos al sistema metropolitano mientras el interior del país afronta con recursos propios el sostenimiento del transporte público. A través de sus redes sociales, Gustavo Sáenz interpeló directamente al Ejecutivo nacional sobre la vigencia del federalismo.
El reclamo por el federalismo y la crisis de Saeta en Salta
El gobernador sostuvo que la decisión profundiza las asimetrías y recriminó la contradicción entre el discurso de austeridad fiscal y el beneficio económico otorgado a la región metropolitana. El mandatario provincial enfatizó que no se puede hablar de equilibrio fiscal cuando existen asimetrías tan marcadas entre los ciudadanos del interior y los del centro del país.
Este nuevo foco de tensión se encendió en paralelo a las dificultades financieras que atraviesa el sistema de transporte en el área metropolitana de Salta, donde las empresas prestatarias advirtieron recientemente sobre serios problemas para adquirir combustible y sostener las frecuencias habituales debido a demoras en los pagos provinciales. Aunque el servicio logró garantizarse tras gestiones locales, las tensiones por la falta de fondos estructurales se repiten de manera sistemática ante la retirada de los aportes nacionales al interior.
Las compensaciones al AMBA serán financiadas mediante recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor y partidas presupuestarias transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación, consolidando un esquema de asistencia que mantiene en pie de alerta a los gobiernos provinciales.