La empresa salteña Nubicom quedó involucrada en una investigación judicial internacional por la megacrisis de Ueno Bank en Paraguay, tras concretar su desembolso para operar en el negocio del 5G con respaldo financiero y posterior venta a empresarios vinculados al Grupo Vázquez.

La operatoria transfronteriza de la compañía de telecomunicaciones fundada por los hermanos Emanuel Salinas y Paola Salinas salió a la luz a través de una investigación periodística que reconstruyó las millonarias transferencias y los vínculos societarios en tierra guaraní. El conflicto estalló en el marco del colapso de Ueno Bank, entidad cuyo principal accionista, el Grupo Vázquez, mantuvo previos lazos societarios con el entonces presidente paraguayo Santiago Peña.

Los cuestionamientos contra la filial paraguaya de la firma argentina comenzaron mucho antes del desplome bancario. Organismos de control detectaron observaciones severas en los procedimientos de adjudicación de las frecuencias de quinta generación, destacando que la empresa obtuvo licencias clave pese a registrar un número marginal de abonados y utilizar declaraciones juradas sin validación independiente por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Créditos investigados y directivos imputados

El frente judicial se agravó cuando la autoridad bancaria identificó operaciones crediticias y sobregiros con severas deficiencias en la evaluación de riesgos y garantías insuficientes. Un informe de la calificadora FIX advirtió sobre préstamos a empresas vinculadas que no fueron revelados oportunamente, detonando el proceso de resolución y suspensión operativa del banco.

Como correlato de la causa principal, la fiscalía paraguaya procedió a imputar a un total de 27 personas por presuntos delitos que incluyen lesión de confianza y conducta indebida. Entre los acusados figuran directivos que integraron la cúpula de la filial extranjera, tales como Guillermo Vázquez Muniagurria, César Manuel Astigarraga Lambaré y Luis Ernesto Angulo Rivera, quienes enfrentan el proceso judicial sin contar con condena firme hasta el momento.

La Contraloría General de la República también puso bajo la lupa la documentación presentada por la firma para acreditar su experiencia previa en el mercado de telecomunicaciones. Mientras la investigación continúa bajo la tutela de un equipo especial de fiscales, el caso mantiene en vilo al sector corporativo regional debido a la complejidad de las triangulaciones financieras y el peso político de los nombres involucrados.