Miles de trabajadores bagayeros se manifestaron en Aguas Blancas y Bermejo para denunciar que las grandes empresas de transporte y logística desplazaron su actividad tradicional, en un conflicto que ya derivó en graves enfrentamientos y saqueos.
La tensión volvió a instalarse de manera crítica en la frontera entre Argentina y Bolivia. La movilización nuclea a trabajadores y familias de Orán, Aguas Blancas y Bermejo, quienes estiman que la problemática afecta de forma directa a cerca de 7.000 familias que dependen económicamente de la economía informal en la región.
Entre los principales reclamos, los manifestantes sostienen que la llegada de grandes compañías de encomiendas modificó el funcionamiento comercial al permitir que mayoristas de otras provincias operen directamente. Referentes del sector como Sebastián, conocido como El Moto, y una vecina con 28 años de trayectoria advirtieron que la pérdida de sustento impide cubrir necesidades básicas como la educación de sus hijos, exigiendo que las empresas se retiren de la zona.
La protesta estuvo marcada por momentos de máxima violencia, incluyendo la circulación de videos sobre el saqueo a una oficina de Andreani en Aguas Blancas, además de corridas, gritos y piedrazos entre los manifestantes y efectivos de la policía local.
La postura oficial y el pedido de controles
Por su parte, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, reconoció la gravedad de la crisis pero ofreció una mirada crítica sobre las demandas. Hay una crisis generalizada, hay un exceso de gente que viene de los alrededores y la vaca ya no da leche para todos, expresó al analizar el trasfondo del conflicto social.
El funcionario cuestionó que los manifestantes exijan el cierre de firmas de encomiendas, al señalar que operan de manera legal, aunque admitió fallas en los operativos. En este sentido, presentó un pedido formal ante el fiscal Marcos Romero para que todas las empresas de transporte público y encomiendas deban pasar obligatoriamente por el área de control integrado de Aduana sobre la Ruta Nacional 50.
Finalmente, Zigarán advirtió sobre la complejidad de hallar una solución rápida debido al peso de la economía informal en la zona. Si todos los organismos públicos nos ponemos en legales, se cortaría todo el trabajo de frontera, sentenció el funcionario ante el crítico escenario.
