La clausura simultánea de los dos únicos depósitos fiscales de la provincia por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero paralizó las operaciones de comercio exterior y desató un fuerte reclamo en el Congreso de la Nación.

El conflicto se desató a fines de agosto, cuando inspectores de la Dirección General de Aduanas ordenaron el cierre imprevisto de COZOFRA, ubicada en General Güemes, y COCEL, situada en Salta capital. Esta medida dejó a decenas de empresas sin alternativas locales, obligándolas a desviar su logística hacia Palpalá, en la vecina provincia de Jujuy.

Las consecuencias operativas incluyeron demoras críticas y un incremento exponencial en los costos de transporte. Según estimaciones del sector recopiladas por El Tribuno, los perjuicios económicos habrían ascendido a varios millones de dólares, afectando de lleno a sectores clave como la minería y las economías regionales.

Un reclamo formal que ya llegó a la Cámara de Diputados

Ante la magnitud del impacto, el tema escaló al ámbito legislativo mediante el proyecto de resolución 6186-D-2026, presentado el pasado 13 de noviembre. La iniciativa exige al Poder Ejecutivo nacional explicaciones detalladas sobre los fundamentos técnicos que justificaron una medida de semejante alcance operativo.

El expediente, que ya fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y Economía de la Cámara baja, busca esclarecer si las autoridades evaluaron las consecuencias económicas de interrumpir la infraestructura estratégica que vincula a Salta con los mercados de Chile, Bolivia y Paraguay.

El interrogante central que ahora debate el arco político y empresarial es por qué se ejecutaron clausuras totales en establecimientos que contaban con habilitaciones recientes, como la de COZOFRA en 2024 y la de COCEL en septiembre de 2025, sin prever mecanismos alternativos para sostener el comercio exterior.