El Tribunal Oral Federal N°1 condenó a cinco integrantes de una organización narcocriminal dedicada al transporte de estupefacientes hacia Tucumán, tras un operativo donde se secuestraron más de 23 kilos de marihuana.
La sentencia fue dictada tras un extenso debate que se desarrolló entre julio y septiembre. El tribunal impuso penas de 7 años de prisión a Alejo Ricardo Silva; de 6 años y 6 meses a Emilio Alejandro Tapia; y de 6 años a Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez, esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los cuatro fueron considerados coautores del delito de transporte de estupecientes. En tanto, Luis Benjamín Vicente recibió una condena de 3 años de ejecución condicional como partícipe secundario.
Con este fallo, ya son seis las personas condenadas por el caso. El primero había sido Enzo Javier Gutiérrez, quien recibió una pena de 4 años en abril pasado. La investigación, llevada adelante por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, permitió establecer que el operativo se frustró el 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta nacional 68, a pocos kilómetros de Cafayate.
En aquel procedimiento, personal de Gendarmería Nacional detuvo un automóvil Renault Logan que funcionaba como coche puntero. Minutos después llegó el segundo vehículo, un rodado alquilado que transportaba una bolsa de arpillera con los bloques de marihuana en el baúl. Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron maniobras evasivas e incluso uno de los implicados escapó hacia el monte, permaneciendo prófugo hasta ser capturado tras regresar de Brasil.
Roles precisos y negocios oscuros en el barrio Santa Ana
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal acreditó que todos los acusados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta y operaban con una logística coordinada que incluía equipos de comunicación portátil en cada uno de los automóviles utilizados para el traslado de la carga ilegal.
Según la hipótesis sostenida por los magistrados y basada en las pruebas recolectadas, Silva lideraba la organización y había empeñado un vehículo propio para financiar la compra de los estupefacientes destinados al mercado tucumano. Por su parte, el tribunal ordenó el decomiso definitivo de los rodados empleados en la maniobra delictiva, desarticulando por completo la estructura logística de la banda.
A pesar de los intentos de las defensas técnicas por desvincular a los imputados argumentando un supuesto desconocimiento sobre la carga transportada, los jueces descartaron de plano esos planteos basándose en las pruebas testimoniales, documentales y en los movimientos sincronizados detectados por los investigadores durante la madrugada del operativo.
