La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento contra Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita y revocó el sobreseimiento de veintidós implicados en el marco de la causa por las estafas de Generación Zoe.

El expediente judicial detalla un total de 1095 presuntas estafas cometidas entre el año 2019 y abril de 2022, período en el cual la organización operaba bajo la fachada de una empresa dedicada a cursos de coaching, trading y liderazgo. Las maniobras incluían la promesa de rendimientos mensuales extraordinarios a partir del siete por ciento en dólares, utilizando herramientas como membresías, robots de trading, lotes inmobiliarios y activos digitales.

La estimación oficial preliminar ubica el perjuicio económico en más de 16 millones de dólares, además de cuatro millones de pesos y 6.500 euros, sin contabilizar diversos bienes registrables cuyo valor aún no pudo ser determinado con exactitud por los investigadores. Actualmente, Cositorto cumple condenas en distintas provincias, pero esta causa en el fuero federal porteño concentra el mayor volumen de damnificados.

La lupa puesta sobre la ruta del dinero y los cómplices

Los camaristas Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi rechazaron los planteamientos de la defensa, que atribuía el cese de pagos a una corrida mediática. Los magistrados sostuvieron que jamás existió una actividad económica genuina capaz de respaldar los vertiginosos réditos prometidos a las víctimas. Asimismo, la resolución dejó sin efecto los sobreseimientos dictados previamente por la jueza Alejandra Alliaud para veintidós personas, dictando la falta de mérito para profundizar su posible participación.

Entre los involucrados cuyos roles volverán a ser investigados minuciosamente figuran contadores, operadores técnicos, traders, cajeros y exfuncionarios como el exjuez Héctor Luis Yrimia, radicado en Dubái. Paralelamente, el tribunal ordenó reconstruir el circuito financiero de cuentas bancarias y billeteras virtuales para avanzar con el delito de lavado de activos y lograr la eventual recuperación de bienes en favor de los perjudicados.

Finalmente, los magistrados resolvieron que la investigación no debe limitarse al territorio argentino, instruyendo profundizar las pesquisas sobre las filiales y oficinas que la firma operó en distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa durante su etapa de expansión.