La Justicia salteña investiga una millonaria estafa a la firma propietaria de Río Shop Deco, donde detectaron cientos de operaciones no acreditadas y un perjuicio que supera los doscientos cuarenta millones de pesos.

Una compleja investigación por el presunto delito de administración fraudulenta sacude por estos días al ámbito comercial de Salta. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, encabezó una serie de procedimientos que incluyeron tres allanamientos simultáneos, el secuestro de vehículos, dispositivos electrónicos y documentación de vital importancia para la causa.

Los operativos se llevaron a cabo en inmuebles situados en los barrios Pereyra Rosas, El Huaico y en la localidad de San Luis. Como resultado directo de estas medidas, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales incautaron una camioneta Ford Ranger, un automóvil Volkswagen T-Cross, teléfonos celulares, computadoras y comprobantes comerciales que ya comenzaron a ser peritados por los especialistas.

La maniobra y el millonario perjuicio económico

El origen de este escándalo se remonta a una denuncia formal presentada por la propia empresa damnificada, Yuriti S.A., tras constatar graves anomalías en sus balances. Una auditoría interna y una posterior certificación contable externa revelaron un total de 540 comprobantes entre enero de 2024 y abril de 2026 cuyos fondos jamás ingresaron a las cuentas oficiales de la firma, arrojando un perjuicio económico estimado en $240.508.005,40.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, el principal acusado habría utilizado su rol como encargado de la sucursal salteña para simular pagos por transferencias que nunca se concretaron, entregando mercadería de forma irregular. Incluso, la pesquisa determinó que muchos compradores depositaban el dinero directamente en cuentas personales y billeteras virtuales del sospechoso, creyendo que se trataba de canales oficiales del comercio.

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal Salinas Odorisio imputó de manera provisional al encargado del local y ordenó la inmovilización preventiva de todos sus fondos bancarios y virtuales, mientras avanzan las medidas para determinar el grado de participación de otras tres personas vinculadas a la maniobra.