La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó recalcular los haberes de una jubilada tras declarar inconstitucional la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y 2024, un fallo que podría sentar un fuerte antecedente para miles de litigios previsionales en trámite.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal en el marco de una demanda individual presentada por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron la sentencia de primera instancia y dispusieron que se recalculen los ingresos de la demandante correspondientes al período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024.
En sus fundamentos, el tribunal remarcó que el mecanismo establecido por la ley 27.609 no contemplaba herramientas eficaces para blindar los haberes frente a una fuerte aceleración inflacionaria. Para respaldar la medida, los magistrados contrastaron los datos oficiales y determinaron que los aumentos por movilidad fueron del 553,55 por ciento, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó hasta el 1.129,07 por ciento en el mismo lapso.
Un impacto demoledor en los ingresos
Esa brecha significó una sensible destrucción del ingreso sectorial. Según el fallo, la diferencia representó una pérdida del 46,83% en el poder adquisitivo, un deterioro que no llegó a ser morigerado por los incrementos posteriores debido a que se aplicaron sobre una base profundamente devaluada.
Para subsanar el perjuicio económico, la Cámara ordenó aplicar de manera retroactiva el mecanismo de actualización de la ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, que combinaba inflación y evolución salarial. A su vez, dispuso que el recálculo empalme a partir de julio de 2024 con el esquema mensual por inflación dictado mediante el decreto 274/2024, descontando los bonos y adelantos percibidos para evitar duplicidades.
Por último, el tribunal declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando su aplicación genere una merma confiscatoria del 15 por ciento o más, y estableció que los montos adeudados se actualicen utilizando la tasa pasiva promedio mensual informada por el Banco Central, limitando el reclamo retroactivo en función de la prescripción invocada por el organismo previsional.