En un fallo unánime y de alto impacto político, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/23 que liberaban las tarifas de las prepagas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto dictado por el presidente Javier Milei que eliminaron el control estatal sobre los valores de la medicina privada. Es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia en contra de la validez de un Decreto de Necesidad y Urgencia de la actual administración.

Por decisión unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal recordó los límites constitucionales que poseen las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. El fallo advierte que en los considerandos del decreto no existe una justificación válida que explique la urgencia para modificar la ley preexistente, señalando que la mera mención de una crisis sanitaria no alcanza para desregular los precios.

El impacto en las cuotas y el rol del Estado

La causa se originó a partir del reclamo de una afiliada de la empresa Swiss Medical, quien denunció un incremento del 110 por ciento en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Si bien la Corte ratificó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU, revocó el punto que obligaba a limitar los aumentos exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor, dejando abierta la discusión sobre los mecanismos de ajuste.

A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de la Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud liderado por Mario Lugones, deberá reasumir sus competencias de fiscalización. Esto implica que las empresas del sector tendrán que justificar futuros incrementos basándose en variaciones reales de su estructura de costos y cálculos actuariales, frenando la desregulación absoluta implementada a fines de 2023.

Para el máximo tribunal, las consideraciones genéricas vertidas por el Gobierno no demostraron una situación de extrema urgencia que justificara omitir el trámite legislativo ordinario. De este modo, la Justicia ratificó que la supresión de facultades de control estatal sobre los servicios esenciales requiere de una fundamentación excepcional y concreta que, según el fallo, nunca existió.