A pesar de la firme oposición de la fiscalía y de los familiares de la víctima, la Justicia le concedió la libertad condicional a Santos Marcelo Castillo, quien cumple una pena de prisión perpetua por el homicidio del sacerdote Ernesto Martearena.
Este jueves se llevó a cabo una audiencia clave en la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, donde el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio estuvo presente para rechazar de manera contundente el pedido de libertad presentado por la defensa del condenado. El fiscal argumentó que, si bien Santos Marcelo Castillo ya lleva cumplidos 25 años tras las rejas, los informes psicológicos actualizados no son favorables y demuestran que el sujeto no reconoce la pena como una consecuencia justa de sus actos, sino como una imposición extensa e injusta.
Durante la audiencia también se expusieron los antecedentes de mala conducta que el interno acumuló a lo largo de su encierro, los cuales incluyen diversas sanciones disciplinarias e incluso el secuestro de un arma blanca en su poder. En representación de la familia, sobrinas del religioso asesinado asistieron para manifestar su total desacuerdo con la medida solicitada por el criminal.
Un fallo polémico que será apelado por la fiscalía
Pese a todos los elementos presentados en contra de la liberación, el juez de Ejecución y Detenidos Rodolfo Quinteros decidió hacer lugar al pedido y le otorgó el beneficio de la libertad condicional al homicida. Tras conocerse la resolución judicial, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio adelantó que desde el Ministerio Público Fiscal se interpondrá un recurso para impugnar y revertir la decisión del magistrado.
El trágico caso que conmocionó a la provincia ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 2001 en la casa parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, situada en el barrio Villa Asunción de la capital salteña. En aquella oportunidad, Santos Marcelo Castillo —quien era monaguillo y tenía 19 años— junto a Javier Alfredo Alanís Colausti —ahijado de la víctima— perpetraron el ataque, confesaron el hecho y fueron condenados a prisión perpetua en el año 2003.